Los cambios curriculares han obedecido a la necesidad de fortalecer la formación de valores y actitudes en los estudiantes de la escuela secundaria que los doten de bases firmes para participar de manera responsable, crítica y creativa en las múltiples situaciones de la vida cotidiana y, en particular, en la vida democrática.

Estas finalidades -derivadas directamente del Artículo Tercero constitucional- han sido parte del discurso educativo y de los sucesivos planes y programas de estudio de la educación básica; el origen de la escuela pública –en el último tercio del siglo XIX– obedeció no sólo a la necesidad de difundir los conocimientos básicos sino también a la de formar a los nuevos ciudadanos que requería la consolidación de la República. En la historia de nuestro país la escuela ha contribuido a la formación de valores como la justicia, la tolerancia, el patriotismo, entre otros, por el hecho mismo de su existencia como espacio civilizado de convivencia –donde concurren niñas y niños independientemente de su origen étnico, posición social o creencias religiosas– y mediante el logro de otros propósitos como la difusión de la lectura, el conocimiento de la geografía o de la historia. Además de esta contribución general siempre ha existido un espacio curricular dedicado a la reflexión y conocimiento de los rasgos de la organización política de México, de los derechos y deberes de los ciudadanos, así como de los mecanismos para su protección, y se han promovido la formación de valores tales como el respeto a la dignidad de la persona, la solidaridad, la participación responsable, la identidad nacional, entre otros.

Sin embargo, al paso del tiempo, la formación de valores éticos y cívicos como tarea de la escuela se diluyó en forma notable y, con frecuencia, se ha reducido a la realización de rituales cívicos o al estudio excesivamente formalizado de los derechos y deberes de los ciudadanos y de la organización político-administrativa de nuestro país; en resumen, se simplificaron sus propósitos y se debilitó su carácter formativo e intencionado.

Esta situación obedece a diversos factores, tanto los que se derivan de la organización y funcionamiento de la escuela como los que refieren a la orientación de los estudios y la práctica educativa. Los factores internos son, por lo menos, de dos tipos:

a) Los relacionados con la organización del trabajo académico de la educación secundaria, establecida desde hace varias décadas, y que rige a todos los planteles (como la organización de los contenidos en disciplinas y el número de asignaturas, el tiempo asignado a cada clase, el número de grupos que un maestro atiende, las normas y prácticas de evaluación, entre otros). Así, por ejemplo, el ritmo de trabajo de un profesor de educación secundaria, muchas veces, impide establecer un contacto real y un diálogo con los alumnos más allá de la clase y, por lo tanto, muchos temas y preocupaciones vitales de los adolescentes son ignorados en el trabajo escolar

b) Los que se derivan de la dinámica interna de cada escuela: las formas en las que se ejercen las responsabilidades laboral-profesionales, las formas de enseñanza y evaluación, las normas –explícitas e implícitas- que rigen las relaciones entre maestros, directivos y alumnos, las conductas de alumnos y personal docente que son alentadas, permitidas y prohibidas, la relación entre la escuela y las madres y los padres de familia, etcétera.

Estos factores ejercen una influencia decisiva en los resultados educativos que los alumnos de cada escuela obtienen en cualquiera de los campos disciplinarios que estudian; pero, indudablemente, su influencia es mayor en el campo de la formación de valores y actitudes. Es un hecho que, cuando no existen metas y valores asumidos por todo el personal docente y directivo de una escuela y, sobre todo, prácticas congruentes (en las formas de enseñanza, en los estilos de relación con los estudiantes, en las formas de concebir y presentar el conocimiento, etcétera) los alumnos están expuestos a mensajes diferentes o, más aún, contradictorios entre sí.

Otro factor fundamental en este proceso de debilitamiento de la formación ética y cívica lo constituye la organización de los estudios y su orientación “juridicista”, es decir, orientada, en forma casi exclusiva, al estudio excesivamente formalizado de la legislación vigente y de la organización del Estado mexicano, mediante la exposición didáctica y sin establecer vínculos con los problemas cotidianos de los adolescentes o con situaciones sociales de las que se enteran o participan; es decir, se ha privilegiado el ámbito cognoscitivo en detrimento de la reflexión ética y la formación de actitudes. El establecimiento del área de ciencias sociales, que dio lugar a una yuxtaposición de objetivos específicos y contenidos de diversas disciplinas ha sido un factor más en este proceso.

Los problemas sociales actuales, el surgimiento de signos de descomposición social en distintos sectores de la población, así como la necesidad de fortalecer la vigencia de los derechos humanos, el respeto de la legalidad, la democracia y, en suma, la necesidad de mejorar la convivencia social, hacen indispensable prestar mayor atención a la formación cívica y ética de las nuevas generaciones.

Ciertamente, la formación de estos valores es responsabilidad compartida de la sociedad en su conjunto, la familia y la escuela; es decir, no es tarea exclusiva de esta institución, pero es necesario reconocer que la influencia de la escuela en este campo es muy importante y que es posible mejorarla radicalmente si los profesores cuentan con las herramientas indispensables para intervenir explícitamente en la formación ética y cívica de sus alumnos, no sólo cuando se traten específicamente estas cuestiones o temas, sino, sobre todo, durante el proceso mismo de enseñanza, en las relaciones cotidianas con sus alumnos y colegas, es decir, en todos los momentos de la vida escolar y en las relaciones con las familias de los alumnos.

Estas son, en síntesis, las principales razones que justifican el establecimiento de una nueva orientación para la formación cívica y para la inclusión explícita de la dimensión ética en la formación de valores y actitudes, en los nuevos programas de educación secundaria y en la formación inicial de los profesores que atienden este nivel educativo.

En los nuevos programas de esta asignatura se mantienen los objetivos y principos históricamente establecidos respecto de la formación cívica y valoral, pero se incluyen, además, temas dedicados a promover la reflexión ética a través de situaciones y problemas más significativos para los adolescentes. Con esta reorientación se pretende que los alumnos de la escuela secundaria alcancen los siguientes propósitos:

a) Que comprendan y asuman como principios de sus acciones y de sus relaciones con los demás, los valores que la humanidad ha creado y consagrado como producto de su historia y que son condiciones para una convivencia social que permita el desarrollo pleno de mujeres y hombres: respeto y aprecio por la dignidad humana, libertad, justicia, tolerancia, solidaridad, honestidad y apego a la verdad, entre los más importantes. Además de ello, tal como lo establece el Artículo Tercero es fundamental que la educación contribuya al fortalecimiento de la identidad nacional con conciencia del carácter pluriétnico y pluricultural de la nación, a la conciencia democrática y a la preservación de la soberanía nacional.

b) Que obtengan un conocimiento suficiente de las normas que regulan la vida social, de los deberes y derechos de los mexicanos y de los derechos humanos, así como los mecanismos y recursos que la propia ley establece para su protección, de tal modo que cuenten con elementos para combatir las violaciones a la legalidad, a los derechos propios o de otros y para contribuir, de este modo, a la vigencia del estado de derecho. En este campo se ubica el conocimiento de las garantías individuales, los derechos sociales y, en particular, el derecho a la participación política, lo que, a su vez, implica la adquisición de nociones básicas acerca de la organización del Estado Mexicano.

Para que estos grandes propósitos se logren efectivamente es necesario que la práctica educativa en su conjunto, y no sólo en el espacio destinado específicamente a la formación cívica y ética, se atiendan aspectos relacionados con el desarrollo personal y con las habilidades sociales: a) en primer lugar, la afirmación de la identidad y la autonomía personal, incluyendo la capacidad para valorar las capacidades propias y para conciliar sus aspiraciones personales con las demandas que plantea y las oportunidades que ofrece la vida social; b) en segundo lugar, el desarrollo de habilidades y actitudes que permiten el diálogo, la comprensión y respeto a las opiniones diferentes, incluyendo la capacidad de “ponerse en el lugar de los otros”, y c) las capacidades para tomar decisiones personales fundamentadas ante situaciones que impliquen opciones de valor y para participar en la toma de decisiones colectivas, así como para promover la solución pacífica de los conflictos, sobre la base del respeto a la dignidad de las personas y a sus derechos.

La consecución de estos propósitos es una tarea del conjunto del personal docente y directivo de cada escuela secundaria; es decir, implica que cada uno de los profesores, independientemente de la asignatura que imparta contribuya deliberadamente a que los alumnos alcancen estas metas. Sin embargo, para promover la articulación de los saberes de los alumnos y la reflexión sistemática, en el plan de estudios de la educación secundaria se destina espacio y tiempo específico.

El logro de los fines establecidos en la asignatura de Formación Cívica y Ética demanda una nueva orientación de la enseñanza y prácticas educativas distintas a las que prevalecen actualmente. Algunos de los cambios más importantes son los siguientes:

• De una concepción que reduce la formación cívica al estudio y aprendizaje de las normas jurídicas y de la estructura política del Estado Mexicano a la inclusión de la formación de valores personales firmes, la autonomía moral, basada en la asunción reflexiva de normas de convivencia basadas en la responsabilidad, el respeto y la tolerancia, como metas fundamentales de la formación ciudadana.

• De una forma de trabajo que limita el aprendizaje a la recepción de información y al aprendizaje de conceptos jurídicos o éticos, frecuentemente descontextualizados, al planteamiento de estrategias y actividades que permitan a los alumnos desarrollar su capacidad de reflexión ética y de análisis de los procesos sociales, así como establecer relación entre estos conocimientos y su vida personal y de la comunidad en la que vive.

• De la exposición didáctica como forma principal de enseñanza a la diversificación de estrategias y actividades de enseñanza que plantee a los alumnos desafíos intelectuales tomando en cuenta sus intereses y capacidades, y que demuestre mediante la práctica la función de los valores y normas vigentes, sus posibilidades de transformación y la importancia de la participación.

• De una enseñanza predominantemente basada en la secuencia de un libro de texto, a una enseñanza que aproveche los intereses de los alumnos y que emplee las múltiples fuentes y motivos de estudio y reflexión que se desprenden de la vida escolar cotidiana, los hechos sociales y los medios de comunicación.

• De una concepción y práctica de evaluación dedicada a medir la información que los alumnos retienen al final de una unidad de trabajo o un curso al establecimiento de prácticas variadas de evaluación que permitan valorar la comprensión y el desarrollo de habilidades y actitudes a lo largo del proceso de aprendizaje.

• De una enseñanza dirigida a un grupo homogéneo a una que toma en cuenta las diferencias individuales y las necesidades de apoyo y atención de los alumnos con mayores dificultades en el aprendizaje.